Desde el primer día de su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ido suspendiendo distintas políticas que protegían los derechos de la comunidad LGBTQ+y, particularmente, de la comunidad transgénero. Entre estas políticas se encuentran el reconocimiento legal de la identidad de género no binario, la atención a la afirmación de género y la participación de personas trans en espacios como competencias deportivas, el ejército, entre otros.
Trump también ha firmado órdenes ejecutivas que afectan la vida de los estadounidenses LGBTQ+ en áreas como la atención médica, el reconocimiento legal y la protección contra la discriminación. En el mismo sentido, su equipo ha declarado que está evaluando la suspensión o eliminación de otros programas vinculados con esta comunidad como la eliminación de los Centros para el Control de Enfermedades que se centran principalmente en la prevención del VIH en el país. La administración Trump también eliminó programas de inclusión y no discriminación contra la población LGBTQ+ dentro del servicio público.
El discurso anti-derechos y anti-comunidad trans que Trump ha impulsado ha motivado otras voces que se han levantado contra los derechos LGBTQ+. A finales de febrero, se hizo público que los estados de Michigan, Idaho, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur solicitaron al Tribunal Supremo del país que revoque el fallo Obergefell v. Hodges, la decisión histórica que llevó a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Así también, los estados republicanos de Missouri, Oklahoma, Tennessee y Texas han introducido legislaciones con el fin de crear una categoría de matrimonio que permita únicamente el matrimonio entre un hombre y una mujer.
No obstante, el grupo más afectado de la comunidad LGBTQ+ es, sin duda, la población transgénero. A pesar de representar menos del 1% de la población en Estados Unidos, la administración de Tump y la mayoría demócrata en el congreso parecen estar especialmente ensañados en reducir sus derechos y su existencia misma. A esto se suma que algunos estados con gobiernos demócratas también han impulsado iniciativas que buscan invisibilizar, afectar e, incluso, criminalizar a las personas trans.
Entre los decretos e iniciativas firmadas se encuentra un decreto para excluir a las personas trans de todas las competencias deportivas nacionales, un memorándum para identificar y expulsar a todas las personas trans en el ejército del país, una orden de trasladar a las personas trans recluidas en prisión a prisiones que correspondan con el sexo asignado al nacer, una orden ejecutiva para limitar el reconocimiento legal de la identidad de género al sexo biológico y una orden que prohíbe la atención de afirmación de género, que puede incluir servicios médicos, quirúrgicos y de salud mental, para cualquier persona menor de 19 años. La administración Trump también ha presentado mociones para desestimar los casos judiciales de discriminación provenientes de personas trans y no binarias.
Adicional al decreto firmado por Trump para reducir el reconocimiento del género al sexo biológico, el secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tras asumir el cargo, envió una orden a las agencias federas para declarar el sexo biológico de las personas estrictamente binario y basado en la capacidad de producir óvulos o esperma. Estas medidas han tenido repercusiones administrativas como el reconocimiento legal del cambio de género y su inscripción en los documentos de identificación oficiales.
Por si lo anterior fuera poco, la comunidad trans no ha sido el objetivo únicamente del gobierno federal, sino que algunos gobiernos estatales demócratas también han presentado iniciativas que la afectan. En Texas, un nuevo proyecto de ley propone acusar a las personas trans de “fraude de identidad de género”. El proyecto de ley convertiría en delito identificarse de forma opuesta al sexo biológico asignado al nacer ante una entidad gubernamental o un empleador. Estos delitos se castigarían con multas de miles de dólares o años de cárcel.
Iowa, por su parte, se convirtió en el primer estado en eliminar las protecciones de identidad de género del código de derechos civiles del estado, a pesar de las protestas masivas que trataron de evitarlo. De forma adicional, la Corte Suprema de Iowa rechazó expresamente el argumento de que la discriminación basada en el sexo incluye la discriminación basada en la identidad de género.
Las medidas implementadas no han estado libres de protestas. Distintos políticos, artistas, científicos, colectivos LGBTQ+ y población en general han presentado demandas y solicitudes de suspensión contra las órdenes ejecutivas de Trump. También se han organizado manifestaciones masivas en todo el país. Incluso un grupo de médicos de la Escuela de Medicina de Harvard presentó una demanda por la eliminación de artículos en una investigación en la que hacían referencia a personas LGBTQ+.
Afortunadamente, Trump no ha podido imponer su voluntad absoluta en cuanto a su agenda anti-LGBTQ+. Recientemente, el senado rechazó una legislación que prohibía a atletas trans competir en deportes femeninos. También, diecisiete reclusas trans han logrado protección contra su traslado a prisiones masculinas a través de demandas contra la orden ejecutiva de Trump llevadas por del bufete de abogados Rosen Bien Galvan & Grunfeld. Posteriormente, la jueza federal de distrito Ana Reyes de Washington, D.C., bloqueó la orden ejecutiva que prohíbe a las personas trans alistarse o servir en el ejército debido a que viola la cláusula de protección igualitaria porque discrimina por motivos de condición transgénero y sexo.
Algunas órdenes y decretos de Trump también enfrentan demandas judiciales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó a Trump en nombre de siete personas trans y no binarias que no pueden obtener pasaportes que coincidan con su identidad. La ACLU y grupos LGBTQ+ también han presentado una demanda legal contra la prohibición de la atención de afirmación de género para menores trans en nombre de siete personas trans. “Esta orden pone en riesgo a los jóvenes trans y no binarios y a sus familias, y no vamos a tolerarlo”, afirmó Brian Bond, director ejecutivo de PFLAG National, una organización LGBTQ+ que apoya la demanda.
Las noticias recientes sobre los ataques desde el poder han generado afectaciones de salud mental entre la población. Algunas líneas telefónicas de salud mental para la población LGBTQ+ han reportado importantes alzas en las llamadas que reciben desde la llegada de Trump a la presidencia. Janson Wu, de la organización de prevención del suicidio para personas LGBTQ+, Proyecto Trevor, señaló que las órdenes ejecutivas “que atacan a la comunidad trans y no binaria causarán daño desde el primer día, especialmente a los jóvenes”.
Sin duda, este momento complicado para la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos y en el resto del mundo. Las narrativas que fomentar el odio permean fácilmente en las masas, principalmente cuando estas vienen de personas con autoridad e influencia, como, por ejemplo, el presidente del país más poderoso del mundo. Es un momento para promover la unidad, la empatía y la tolerancia, pero también para alzar la voz y luchar por nuestros derechos.