El Tribunal Supremo británico dictaminó por unanimidad que la definición de mujer en la legislación británica de igualdad se refiere a “una mujer biológica y al sexo biológico”, lo que provocó celebraciones entre activistas críticos con el género frente al tribunal, pero también advertencias de que se trata de un desarrollo preocupante con amplias consecuencias para garantizar la igualdad a las personas transgénero.
El caso se centró en si las mujeres trans con un certificado de reconocimiento de género (GRC, por sus siglas en inglés), que otorga reconocimiento legal del sexo femenino de una persona, están protegidas contra la discriminación como mujeres bajo la Ley de Igualdad de 2010 del Reino Unido. Un grupo de activistas en Escocia presentó una impugnación en 2018, argumentando que esos derechos deberían proteger únicamente a quienes fueron asignadas mujeres al nacer. Pero el gobierno escocés afirmó que una mujer trans con un GRC es legalmente una mujer y, por lo tanto, debe gozar de las mismas protecciones legales.
Aunque el caso se originó en una disputa sobre leyes escocesas destinadas a aumentar el número de mujeres en juntas directivas, el fallo del miércoles influirá en el debate cada vez más dividido y polarizado sobre los derechos de las personas trans en todo el Reino Unido.
El partido Laborista, actualmente en el poder en el Reino Unido, afirmó que el fallo aporta “claridad y confianza”, mientras que los Conservadores de la oposición lo calificaron como una “victoria clara del sentido común”, instando al gobierno a modificar las directrices actuales.
Los cinco jueces de la Corte fallaron a favor del grupo For Women Scotland (FWS), que argumentó que no vincular la definición legal de género al sexo biológico tendría repercusiones en servicios exclusivos por sexo, como vestuarios, albergues y alojamientos compartidos.
Lord Patrick Hodge, vicepresidente del Tribunal Supremo del Reino Unido declaró al tribunal en Londres tras el fallo: “Los términos mujer y sexo en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico […] Las disposiciones relativas a la discriminación por sexo solo pueden interpretarse como referidas al sexo biológico”.
Además, Hodge dijo un resumen del fallo: “Interpretar ‘sexo’ como el sexo certificado socavaría las definiciones de hombre y mujer y, por tanto, la característica protegida del sexo de una forma incoherente”. En ese resumen, además, añadió que las mujeres trans podrían ser excluidas de instalaciones del mismo sexo como vestuarios si es “proporcionado”.
Si a las mujeres trans con un GRC se les otorgara la misma característica de protección que a las mujeres biológicas bajo la Ley de Igualdad, dijo Hodge, tendrían “más derechos que aquellas que no lo tienen”, citando disposiciones relacionadas con el embarazo y el permiso de maternidad.
El vicepresidente insistió en que la interpretación del tribunal sobre la Ley de Igualdad de 2010 “no elimina la protección para las personas trans”, tengan o no un documento GRC. Una mujer trans podría alegar discriminación por reasignación de género y también por “ser percibida como mujer”, añadió Hodge.
Por su parte, un portavoz de la Corte Suprema señaló tras el fallo: “El gobierno del Reino Unido siempre ha apoyado la protección de espacios exclusivos por sexo basados en el sexo biológico […] Este fallo aporta claridad y confianza, tanto para las mujeres como para los proveedores de servicios como hospitales, refugios y clubes deportivos”, añadió. “Los espacios exclusivos por sexo están protegidos por la ley y siempre serán protegidos por este Gobierno.”
A pesar de que Hodge declaró que el fallo no debe interpretarse como “un triunfo para uno o más grupos de nuestra sociedad a expensas de otros — porque no lo es—”, los activistas en contra de la diversidad del género lo celebraron como una gran victoria. “El tribunal ha dado la respuesta correcta: la característica protegida del sexo —masculino y femenino— se refiere a la realidad, no al papeleo”, declaró el grupo Sex Matters.
Otra organización, la LGB Alliance, que también presentó argumentos en el caso, calificó el fallo como un “punto de inflexión para las mujeres”. La ex diputada del Partido Nacional Escocés, Joanna Cherry, activista sobre el tema, dijo a la prensa fuera del tribunal que se sentía “enormemente reivindicada” por el fallo, y añadió que ahora “depende de los políticos asegurarse de que se cumpla la ley”.
Activistas trans de todo el mundo advierten que el intenso debate público sobre sus vidas privadas ha debilitado la protección de esta comunidad marginada y frecuentemente vilipendiada en los últimos años.
En el Reino Unido, los crímenes de odio por identidad sexual aumentaron un 112% en 2023, según cifras gubernamentales —el mismo año en que una joven trans, Brianna Ghey, fue asesinada por dos escolares en un parque en el centro de Inglaterra. En Estados Unidos, con la llegada del gobierno de Trump, grupos de derechos humanos alertaron sobre ataques cada vez más graves a los derechos de las personas transgénero y no binarias.
Amnistía Internacional, que apoyó al gobierno escocés, anteriormente instó a los legisladores a actualizar la legislación vigente, para que las comunidades trans tengan derecho a la privacidad, al matrimonio, a la vida familiar y a la salud, sin medidas burocráticas invasivas. Después del fallo, la ONG declaró que la decisión podría tener “consecuencias potencialmente preocupantes para las personas trans, pero es importante destacar que el tribunal ha dejado claro que las personas trans están protegidas por la Ley de Igualdad contra la discriminación y el acoso”.
La organización benéfica LGBTQ Stonewall calificó la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido como “increíblemente preocupante para la comunidad trans”. Asimismo, Ella Morgan, activista trans británica, dijo a CNN que teme profundamente el impacto que este resultado tendrá en su futuro y en el de otras mujeres trans.