El pasado 6 de mayo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que la administración del presidente Donald Trump implemente su prohibición sobre personas transgénero en las fuerzas armadas, autorizándolas a dar de baja a más de 4,000 soldados trans actuales y rechacen nuevos reclutas mientras continúan los desafíos legales.
El tribunal accedió a la solicitud del Departamento de Justicia de levantar una orden nacional de un juez federal que bloqueaba la aplicación de la prohibición de Trump sobre el servicio militar de personas transgénero. La directiva del presidente republicano fue una de varias medidas destinadas a restringir los derechos de las personas trans.
La orden del tribunal fue breve y no estuvo firmada, como es común en los casos de emergencia. El tribunal tiene una mayoría conservadora de 6-3. Sus tres jueces liberales –Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson– se manifestaron públicamente en desacuerdo con la decisión.
El juez federal Benjamin Settle, con sede en Seattle, determinó previamente que la orden de Trump probablemente viola el derecho a la igualdad de protección ante la ley de la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU.
Trump firmó una orden ejecutiva en enero, tras volver a la presidencia, que revocó una política de su antecesor demócrata Joe Biden que permitía a los militares trans servir abiertamente en las fuerzas armadas estadounidenses. Biden había dicho entonces que “Estados Unidos es más seguro cuando todos los que están calificados para servir pueden hacerlo abiertamente y con orgullo.”
La directiva de Trump describía la identidad de género de las personas trans como una mentira y afirmaba que no cumplen con los estándares requeridos para el servicio militar. “La afirmación de un hombre de que es una mujer, y su exigencia de que los demás respeten esta falsedad, no es compatible con la humildad y el desinterés que requiere un miembro del servicio”, afirmaba la directiva.
Grupos defensores de los derechos LGBTQ+, como Lambda Legal y Human Rights Campaign Foundation, que representan a los demandantes que impugnan la prohibición, calificaron la decisión del Supremo como “un golpe devastador para los militares trans que han demostrado su capacidad y compromiso con la defensa de nuestra nación”.
Los activistas por los derechos humanos dijeron que el tribunal “ha avalado una política que no tiene nada que ver con la preparación militar y todo que ver con el prejuicio”. La decisión del martes no resolvió el fondo legal del caso. El litigio continuará en tribunales inferiores y podría regresar ante el Supremo en el futuro.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó en redes sociales la decisión como una gran victoria para Trump, y añadió que el presidente y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, “están restaurando unas fuerzas armadas enfocadas en la preparación y letalidad – no en DEI (diversidad, equidad e inclusión) o ideología de género progresista”.
El Pentágono emitió una guía para implementar la orden ejecutiva de Trump, descalificando del servicio militar a los miembros actuales y a los solicitantes con historial o diagnóstico de disforia de género o que hayan iniciado una transición. La guía permitía considerar excepciones caso por caso si el servicio de la persona apoyaría directamente “capacidades de combate”.
La disforia de género es el diagnóstico clínico para la angustia significativa que puede resultar de una incongruencia entre la identidad de género de una persona y el sexo asignado al nacer.
Un funcionario del Departamento de Defensa dijo a Reuters que a finales del año pasado había 4,240 militares activos y miembros de la Guardia Nacional en EE. UU. que se identificaban como transgénero. Activistas de derechos trans estiman una cifra aún mayor.
Durante su primer mandato, Trump ya había impuesto una restricción más limitada contra personal trans en las fuerzas armadas. En 2019, el Tribunal Supremo permitió al Pentágono hacer cumplir esa primera prohibición, que permitía a algunos militares diagnosticados con disforia de género continuar sirviendo.
La demanda en la que falló el juez Settle fue presentada por siete militares trans en activo, un hombre trans que buscaba alistarse y un grupo defensor de derechos civiles. Settle, designado por el expresidente republicano George W. Bush, consideró que la política de Trump era “injustificada, exagerada y visiblemente injusta”, y afirmó que la administración no presentó pruebas de que el servicio de personas trans haya causado daño alguno.
Los derechos de las personas trans se han convertido en un punto central de las guerras culturales en Estados Unidos. Trump ha atacado estos derechos mediante diversas órdenes ejecutivas, incluida una que establece que el gobierno de EE. UU. solo reconocerá dos sexos, masculino y femenino, y que no son modificables.
Trump también firmó una orden para poner fin al financiamiento federal o apoyo a servicios de salud que ayuden en la transición de menores transgénero, y otra para excluir a niñas y mujeres trans de participar en deportes femeninos.
Hegseth ha adoptado posturas conservadoras en temas de las guerras culturales, incluyendo la eliminación de iniciativas de diversidad en el Pentágono. En una conferencia realizada el mismo 6 de mayo organizada por las fuerzas especiales de EE.UU., Hegseth dijo: “No más pronombres, no más obsesión con el cambio climático, no más mandatos de vacunas de emergencia, no más tipos con vestidos.”
En otro caso separado, la jueza federal Ana Reyes en Washington, D.C., también emitió una orden judicial nacional que bloqueaba la prohibición de Trump mientras continúa el litigio. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. suspendió temporalmente esa orden. Se espera que el Tribunal Supremo emita un fallo clave sobre los derechos de las personas trans antes de finales de junio.