El pasado jueves 18 de julio, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley “Paola Buenrostro” que tipifica como delito el transfeminicidio. Con ello, la Ciudad de México se convierte en la segunda entidad federativa del país en reconocer esta tipificación, tras su aprobación en el estado de Nayarit en marzo. De acuerdo con el Congreso de la Ciudad de México, el objetivo de esta ley es garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia transmisógina y castigar la violencia extrema ejercida contra las mujeres trans.
La ley lleva su nombre en honor a Paola, una mujer transgénero que fue asesinada en 2016 y cuyo caso fue el primero en ser reconocido como un transfeminicidio en México. A pesar de que su caso continúa impune, la indignación por este asesinato desató una campaña de activismo impulsada por su amiga, Kenya Cuevas, para exigir justicia y para modificar el proceso penal a través del cual se investiga y castiga a los responsables de violencia contra la comunidad trans.
¿Por qué es importante la aprobación de esta ley?
Si bien toda la comunidad LGBTQ+ está constantemente expuesta a discriminación, rechazo y violencia en todo el mundo, la comunidad trans es una de las más afectadas. Los casos extremos de violencia y asesinatos son noticia constantemente en muchos países y México es uno de los que lideran la lista. De hecho, de acuerdo con datos de la iniciativa Transgender Europe que contabiliza y publica estudios sobre transfeminicidio, México es el segundo país más peligroso del mundo para las personas trans. Brasil es el primer país de la lista.
Los datos de violencia transfeminicida en México son alarmantes. Transgender Europe asegura que entre enero de 2008 y septiembre de 2021 se registraron en México 593 transfeminicidios. Solo Brasil contabilizó más, con 1, 645 en el mismo periodo. Su último reporte del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 mantiene esta tendencia: México registró 52 casos y Brasil 100. Este contexto de violencia ha provocado que las comunidades trans tengan una esperanza de vida de únicamente entre 35 y 37 años.
Sin embargo, hasta antes del jueves, los casos de transfeminicidio en la Ciudad de México era clasificados en categorías generales bajo el riesgo de dejar fuera de la investigación factores como la identidad o expresión de género y las motivaciones de odio. Bajo estas condiciones existían grandes limitaciones para el acceso a la justicia por parte de las personas trans. Al respecto, el dictamen aprobado por el Congreso señala “Una legislación específica asegura que estos crímenes sean reconocidos y tratados con la gravedad que merecen”.
A pesar de que la reforma realizada está enfocada en el castigo a los agresores y no en la prevención del delito, es un gran paso hacia el acceso a la justicia para la comunidad trans en la Ciudad de México. Reconocer la identidad de género de las víctimas en los casos de transfeminicidio tiene el potencial de reducir la impunidad, la negligencia y la discriminación a las víctimas y sus familias en los procesos penales. La reducción de la impunidad también puede ayudar a reducir las cifras alarmantes de violencia contra esta comunidad.
¿Qué cambia exactamente?
Esta reforma modifica diversos códigos y leyes de la Ciudad de México para garantizar un mayor acceso a la justicia y disminuir la impunidad. A grandes rasgos, se destacan 3 modificaciones importantes en el proceso judicial para los casos de transfeminicidio: la definición y tipificación de un transfeminicidio, el incremento de las penas para los agresores y el reconocimiento a la familia social de las víctimas. De forma adicional, mandata a las fiscalías investigar sin victimizar.
La reforma añade el capítulo VII del Código Penal sobre transfeminicidio e incluye una definición: “comete el delito de transfeminicidio quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género”.
El Código Penal también señala las razones para tipificar un transfeminicidio:
- Violencia sexual de cualquier tipo.
- Lesiones degradantes, mutilaciones o que se haya cortado o quemado el cabello.
- Que el agresor haya usado expresiones verbales de rechazo, no reconocimiento u odio a la víctima por motivo de su identidad o expresión de género.
- Que agresor y víctima hayan tenido una relación sentimental o laboral o de otra índole o una relación de parentesco.
- Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público, enterrado o incinerado.
- Que la ropa y objetos personales de la víctima sean destruidos, incinerados o cambiados por otros relacionados con el género masculino.
El Código Penal señala penas de entre 35 y 70 años de cárcel y establece agravantes específicos en los casos en los que exista evidencia de que el crimen se realizó con crueldad, en los casos de donde hubo tortura o violencia sexual previa, cuando existan amenazas, acoso o violencia previa al ataque, cuando el ataque se realiza en un contexto de trabajo sexual y cuando en el ataque participe más de una persona con quién la victima haya tenido un vínculo.
Las reformas modifican el Código Civil para incluir a la familia social, especialmente importante entre las comunidades trans. La ley define a la familia social como las personas del “círculo más cercano de la víctima, es decir, amistades, compañeros o compañeras de trabajo o de vivienda o cualquier otra que tenga una relación estrecha y reconocida con la víctima”. Esta reforma facilitará los trámites de las actas de defunción y funerales para la familia social de las personas trans que muchas veces viven distanciadas de su familia consanguínea.
Como se puede observar, las condiciones necesarias para tipificar un transfeminicidio están fuertemente vinculadas con la evidencia de motivaciones de odio en las agresiones y, particularmente, odio por identidad de género. Aún falta un gran camino por recorrer y mucho trabajo por hacer para garantizar la seguridad y equidad para las personas trans, pero, sin duda, este es un paso en la dirección correcta. Es un logro importante para la comunidad trans en la Ciudad de México que ha conseguido esta reforma a través de protestas y lucha por sus derechos.