El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció el jueves 26 de marzo que las atletas transgénero ya no podrán participar en eventos femeninos. La organización determinó: “La elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento del COI, incluidos los deportes individuales y de equipo, ahora se limita a mujeres biológicas”. La nueva política se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles.
Tras darse a conocer la noticia, más de 100 organizaciones deportivas, científicas y de derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas, criticaron las nuevas directrices de elegibilidad de género describiéndolas como una respuesta drástica y discriminatoria, sin respaldo científico y que viola la ley internacional sobre derechos humanos. Las nuevas directrices exigen pruebas genéticas de determinación del sexo para quienes compitan en las categorías femeninas, además de prohibir la participación de personas transgénero e intersexuales o con variaciones sexuales.
Los atletas de estas categorías han podido competir en los Juegos Olímpicos desde que el COI eliminó las pruebas de determinación del sexo obligatorias en 1999, por considerarlas arbitrarias, imprecisas, costosas y discriminatorias. La nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, revirtió la postura de la organización y dio marcha atrás en su propio Marco sobre equidad, inclusión y no discriminación de 2021, una política basada en una amplia consulta e investigación que reconocía la necesidad de reglas basadas en evidencia, específicas para cada deporte y respetuosas de los derechos.
Las nuevas directrices fueron elaboradas por un comité que no ha compartido públicamente los datos científicos que, según el COI, fundamentan su postura. En una conferencia de prensa realizada el viernes, Coventry afirmó que todas las atletas femeninas serán sometidas a la prueba del gen SRY, la cual, según múltiples expertos médicos, es simplista y poco fiable.
Varios expertos independientes de la ONU han señalado que las definiciones binarias de sexo refuerzan estereotipos dañinos y obstaculizan el progreso hacia una igualdad de género sustantiva. Cualquier prueba a atletas debe ser individualizada y basarse en evidencia científica, no arbitraria ni degradante. Asimismo, expertos en endocrinología han señalado que exigir pruebas de determinación de sexo para todas las atletas femeninas corre el riesgo de socavar tanto las políticas basadas en evidencia como el bienestar e integridad de las atletas.
Hasta ahora, la evidencia científica más sólida, como el estudio publicado este año por la Universidad de São Paulo, demuestra que las mujeres transgénero que reciben terapia hormonal de afirmación de género no presentan diferencias significativas con respecto a las mujeres cisgénero. Esto aplica para todos los indicadores clave de rendimiento como la masa muscular, la fuerza, la composición corporal o la capacidad cardiorrespiratoria y en muchos aspectos se encuentran incluso en desventaja.
De las decenas de miles de atletas que han participado en eventos olímpicos desde que se cancelaron las pruebas de sexo en 1999, solo una ha sido mujer transgénero. Se trata de Laurel Hubbard, que compitió en halterofilia por Nueva Zelanda en 2020. Laurel no obtuvo ninguna medalla en su participación y, tras una intensa campaña de acoso mediático, se retiró de las competencias después de los Olímpicos.
Las atletas intersexuales o con diferencias en el desarrollo sexual, incluidas las mujeres cisgénero, se verán especialmente afectadas por las nuevas directrices. Además, es probable que las mujeres negras sean objeto de discriminación desproporcionada debido a su apariencia. Incluso las mujeres cisgénero se verán afectadas al tener que someterse a pruebas genéticas adicionales solo por participar en deportes de alto rendimiento.
Algunos expertos han afirmado que estas medidas pueden perpetuar estereotipos sobre la imagen de las mujeres y su derecho a pertenecer a ciertos espacios con base en su apariencia. Eso no protege el deporte femenino, sino que desvía la atención del rendimiento deportivo hacia un escrutinio sobre el cuerpo y la imagen de las atletas. Cuando el deporte empiece a decidir qué mujeres son aceptables para participar, ninguna mujer estará realmente a salvo.
Esta decisión representa un retorno a prácticas que se abandonaron hace décadas por razones basadas en la experiencia, buenas prácticas y opiniones científicas. Las motivaciones detrás parecen estar más impulsadas por razones políticas e ideológicas que basadas en evidencia deportiva, médica o científica. Adicionalmente, existe el riesgo de que los organismos rectores nacionales y locales sigan el ejemplo del COI e implementen prohibiciones similares.