El pasado 29 de junio, un tribunal de la ciudad de Oremburgo, en el sur de Rusia, dictó la primera sentencia de prisión bajo la legislación que considera al llamado “movimiento internacional LGBT” una organización extremista. Tres personas vinculadas al bar “Pose”, un establecimiento conocido por organizar espectáculos de drag y eventos para la comunidad LGBTQ+, fueron condenadas a penas de entre dos y siete años de prisión.
El propietario del establecimiento, Vyacheslav Khasanov, de 37 años, fue sentenciado a siete años de prisión y al pago de una multa de un millón de rublos (cerca de 12,700 dólares estadounidenses). La administradora, Diana Kamilyanova, de 30 años, recibió una pena de seis años y tres meses, mientras que el director artístico, Alexander Klimov, de 23 años, fue condenado a dos años y tres meses. Los tres fueron declarados culpables de organizar y participar en las actividades de una supuesta organización extremista, cargos que ellos negaron.
El caso judicial inició con una redada realizada en marzo de 2024, cuando agentes de la Guardia Nacional rusa y la policía irrumpieron en el bar Pose durante un evento de drag. Posteriormente, la fiscalía sostuvo que el establecimiento promovía actividades relacionadas con el denominado “movimiento internacional LGBT”, una expresión que las autoridades rusas utilizan desde que la Corte Suprema declaró a ese supuesto movimiento como “extremista” en noviembre de 2023.
A pesar de que no existe una organización formal con el nombre de “movimiento internacional LGBT”, la resolución de la Corte rusa abrió la puerta para perseguir penalmente a personas y espacios asociados con la comunidad LGBTQ+. Tras darse a conocer la noticia, organizaciones de derechos humanos señalaron que el fallo sienta un precedente alarmante en el contexto de persecución de la diversidad sexual y de género que ya existía en Rusia.
La sentencia representa una nueva fase en el ataque del gobierno de Vladimir Putin contra los derechos LGBTQ+. En la última década, Rusia ha endurecido progresivamente su legislación, comenzando con la llamada ley contra la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” de 2013, ampliada en 2022 para prohibir cualquier representación positiva o neutral de personas LGBTQ+ dirigida al público en general.
En 2023, la Corte Suprema fue aún más lejos al equiparar el llamado “movimiento LGBT” con organizaciones extremistas e imponer sanciones a quienes las realicen. Esta decisión permite que cualquier manifestación de apoyo, exhibición de símbolos como la bandera arcoíris o actividades comunitarias puedan ser objeto de sanciones administrativas o incluso procesos penales.
Desde la aprobación de la ley, organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que esta criminaliza la identidad y la libertad de asociación de las personas LGBTQ+. Para activistas y observadores internacionales, las condenas dictadas en Oremburgo evidencian la disposición de las autoridades para utilizar la legislación contra el extremismo no solo contra organizaciones o activistas, sino también contra negocios y trabajadores que únicamente ofrecen espacios seguros de convivencia y expresión cultural para personas LGBTQ+.
Lamentablemente, el fallo envía un mensaje de intimidación a toda la comunidad LGBTQ+ rusa. Desde la declaración de “extremismo” en 2023, se han multiplicado las redadas en bares, clubes, editoriales y organizaciones comunitarias, así como las multas por exhibir símbolos arcoíris o publicar contenidos relacionados con la diversidad sexual. Con la sentencia emitida, por primera vez, la mera organización de un espacio de encuentro para personas LGBTQ+ es equiparada y castigada como una forma de extremismo por el Estado ruso.