El gobierno de Indonesia enfrenta una nueva ola de críticas internacionales después de que saliera a la luz que el presidente Prabowo Subianto incluyó la “difusión de la cultura LGBTQ+” dentro de la lista de amenazas no militares a la seguridad nacional en la nueva Política General de Defensa 2025-2029. La disposición forma parte del Reglamento Presidencial No. 111 de 2025, aprobado el año pasado, que comenzó a recibir amplia atención pública recientemente tras ser difundido y analizado por medios locales y organizaciones de derechos humanos.
El reglamento ubica la “propagación de la cultura LGBTQ” junto con otras amenazas no militares como el terrorismo, el extremismo, el narcotráfico, la desinformación y distintos riesgos para la cohesión social. Según el texto oficial, estas conductas podrían afectar el nacionalismo, la identidad nacional y la resiliencia del Estado. La medida podría justificar acciones disfrazadas de defensa nacional para perseguir a comunicadores y activistas LGBTQIA+.
La respuesta de organizaciones de derechos humanos fue inmediata. Amnistía Internacional Indonesia sostuvo que la regulación institucionaliza la discriminación contra una población que ya enfrenta elevados niveles de violencia y exclusión. En un comunicado, su director ejecutivo, Usman Hamid, afirmó que clasificar la cultura LGBTQIA+ como una amenaza estatal “legitima aún más el estigma y la discriminación” y puede traducirse en mayores restricciones a la libertad de expresión y asociación de las personas LGBTQIA+.
El diario local “The Jakarta Post” señaló que diversos grupos civiles consideran que el reglamento podría servir como fundamento político para impulsar nuevas medidas de criminalización, aun cuando la homosexualidad consensuada entre adultos no está prohibida en la mayor parte del país. Otros analistas han señalado que la medida puede provocar un contexto cada vez más hostil para las personas LGBTQIA+, quienes ya han venido observando el deterioro de sus derechos durante la última década.
En una entrevista con The Jakarta Post, Albert Wirya, director ejecutivo de la organización Legal Aid Institute for the People, advirtió: “La regulación presidencial provee nueva legitimidad al gobierno central y las administraciones regionales para impulsar legislaciones que penalizan y discriminan a las personas LGBTQ simplemente por su identidad”. De acuerdo con su postura, el resultado de esta medida es que las personas LGBTQIA+ de Indonesia han sido colocadas en una situación de peligro.
Aunque las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo no sean ilegales en Indonesia, el país no cuenta con leyes nacionales que prohíban la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Además, la nueva disposición podría impulsar la realización de redadas policiales contra reuniones privadas y eventos LGBTQIA+, el uso de leyes sobre moral pública para perseguir a personas LGBTQIA+ y avanzar hacia la completa criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo.
La nueva política llega en un momento especialmente delicado en el país. A principios de julio, Human Rights Watch documentó un incremento de ataques y medidas disciplinarias contra estudiantes LGBTQ+ durante las celebraciones del mes del orgullo. La organización informó que al menos diez universidades públicas adoptaron reglamentos discriminatorios o limitaron actividades relacionadas con la diversidad sexual y de género. De acuerdo con la organización, el clima político generado por los discursos oficiales está contribuyendo a un aumento del acoso y la violencia.
Especialistas en derechos humanos advierten que el mayor peligro del nuevo reglamento no reside únicamente en su contenido jurídico, sino en el mensaje político que transmite. Al definir la diversidad sexual y de género como una cuestión de seguridad nacional, el Estado puede reforzar la percepción pública de que las personas LGBTQIA+ representan una amenaza para la sociedad, justificar mayores restricciones a organizaciones comunitarias y actividades culturales e incrementar los discursos de odio y la violencia por parte de grupos extremistas.
Diversos defensores de derechos humanos consideran que esta narrativa profundiza un proceso iniciado hace casi una década, cuando altos funcionarios comenzaron a describir la diversidad sexual como una influencia extranjera incompatible con los valores nacionales. La situación alarmante ahora es que esa visión aparece incorporada por primera vez en una política presidencial de defensa nacional.