La Red LGBT Rusa (Российская ЛГБТ-сеть), principal organización de defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Rusia, anunció el cese definitivo de sus operaciones en el país. La decisión se produce como consecuencia directa de un fallo del Tribunal de San Petersburgo que clasificó a la organización como organización extremista bajo la legislación que considera al “movimiento internacional LGBT” una ideología extremista.
A través de un comunicado emitido el 17 de agosto, la organización explicó que mantener las actividades públicas expondría tanto a los activistas como a las personas que solicitan ayuda al riesgo inminente de procesamiento penal. El comunicado enfatizó que, a partir del anuncio, la organización ya no emitirá publicaciones ni declaraciones y, en el corto plazo, dará de baja los perfiles oficiales en redes sociales y sitios de internet.
La Red LGBT Rusa era una organización no gubernamental fundada en 2006 que defiendía los derechos humanos, la protección jurídica y la asistencia psicológica de las personas LGBTQ+ en Rusia. Entre sus funciones principales se encontraban brindar refugio, asesoramiento legal y apoyo psicológico a víctimas de discriminación o violencia, promover la concientización social para reducir la LGBTfobia y documentar abusos estatales contra la diversidad sexual.
Desde su fundación, la Red LGBT Rusa agrupó a colectivos de múltiples regiones para visibilizar la discriminación. En su trayectoria destaca la documentación de violaciones a los derechos humanos contra personas queer en el Cáucaso Norte y el rescate en Chechenia, una evacuación de emergencia para cientos de personas que enfrentaban amenazas directas contra su vida al ser perseguidas durante las purgas contra homosexuales en Chechenia a partir de 2017.
El cese de la organización se enmarca en un contexto de escalada judicial contra el denominado «movimiento LGBT internacional», prohibido en territorio ruso. El país ha ido endureciendo las penas contra las personas y actividades LGBTQ+ en la última década. El proceso comenzó con la llamada ley contra la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” de 2013, ampliada en 2022 para prohibir cualquier representación positiva o neutral de personas LGBTQ+ dirigida al público en general.
En 2023, la Corte Suprema fue aún más lejos al equiparar el llamado “movimiento LGBT” con organizaciones extremistas e imponer sanciones a quienes las realicen. Esta decisión permite que cualquier manifestación de apoyo, exhibición de símbolos como la bandera arcoíris o actividades comunitarias puedan ser objeto de sanciones administrativas o incluso procesos penales.
A finales de junio, un Tribunal del Distrito Central de Oremburgo condenó al propietario, al director artístico y a la administradora del club nocturno “Pose”, conocido por organizar eventos para la comunidad LGBTQ+, a penas de hasta siete años de prisión “por fundar y participar en una estructura extremista”. Esta fue la primera sentencia de prisión bajo la legislación que considera al llamado “movimiento internacional LGBT” una organización extremista.
