El pasado fin de semana, las autoridades turcas llevaron a cabo una operación coordinada contra personas, organizaciones y espacios vinculados con la comunidad LGBTQ+. La operación, denominada “Mi familia está segura” (Ailem Güvende), alcanzó al menos 15 provincias e incluyó registros en asociaciones LGBTQ+, domicilios de activistas y establecimientos frecuentados por la comunidad. Organizaciones de derechos humanos denuncian una nueva escalada de la represión.
Las redadas simultáneas comenzaron durante la madrugada del 13 de septiembre y se concentraron, entre otras ciudades, en Estambul, Ankara, Esmirna, Aydin y Mersin. El ministro de Justicia, Akın Gürlek, afirmó que la investigación alcanza a 162 “sospechosos”, nueve asociaciones y 13 empresas en 15 provincias. La cifra señalada de sospechosos corresponde al conjunto de personas sometidas a procedimientos judiciales, no necesariamente a personas encarceladas.
Aunque las cifras varían según la fase del procedimiento y la fuente consultada, decenas de personas han sido detenidas. Reuters informó inicialmente de al menos 47 detenidos y posteriormente confirmó que, en Esmirna, 18 personas fueron detenidas, de las cuales 16 quedaron en prisión preventiva y dos bajo supervisión judicial. En Ankara y Estambul también se produjeron detenciones. Es importante distinguir entre el número de personas detenidas y los 162 sospechosos mencionados por el Ministerio de Justicia.
Las redadas alcanzaron oficinas de organizaciones LGBTQ+, domicilios particulares de activistas y establecimientos asociados con la comunidad. Entre las organizaciones afectadas se encuentra “Kaos GL”, una de las principales asociaciones LGBTQ+ de Turquía, cuya oficina fue registrada y cuyos miembros de dirección fueron detenidos o sometidos a procedimientos policiales. También se produjeron registros en bares y otros espacios de Estambul frecuentados por personas LGBTQ+.
Las autoridades justifican la operación mediante acusaciones relacionadas con “obscenidad”, prostitución y actividades supuestamente dirigidas contra la familia, la juventud y el orden social. Gürlek vinculó explícitamente las operaciones con la política gubernamental denominada “Década de la Familia y la Población”, impulsada por el presidente Recep Tayyip Erdoğan para reforzar las políticas de natalidad y la defensa de un modelo familiar tradicional.
La ofensiva también ha tenido una dimensión digital. Según organizaciones de derechos humanos y el observatorio turco İFÖD, varias cuentas de organizaciones LGBTQ+ y defensoras de derechos humanos fueron bloqueadas en X e Instagram, mientras que también se restringió el acceso a páginas web de asociaciones y medios vinculados con la comunidad. Entre las cuentas afectadas se encuentran las de Kaos GL y otras organizaciones LGBTQ+ turcas.
La homosexualidad no está penalizada en Turquía, pero las personas LGBTQ+ llevan años enfrentándose a restricciones sobre la libertad de expresión, asociación y reunión. Las autoridades han prohibido de manera reiterada las celebraciones del Orgullo LGBTQ+, particularmente en Estambul, y la policía ha realizado detenciones masivas durante las manifestaciones. Amnistía Internacional documentó que en junio de 2025 las autoridades prohibieron las marchas del Orgullo LGBTQ+ y que más de 90 personas fueron detenidas.
La situación se ha deteriorado todavía más durante los últimos años. Human Rights Watch advirtió en junio de 2026 que Turquía avanzaba en una dirección contraria a la protección de los derechos LGBTQ+ y señaló propuestas legislativas que podrían introducir penas de prisión contra personas LGBTQ+ y criminalizar determinadas expresiones de identidad y orientación sexual. Amnistía Internacional también ha denunciado durante 2026 procesos judiciales contra activistas LGBTQ+ por su trabajo de defensa de derechos.
La respuesta de las organizaciones de derechos humanos ha sido contundente. ILGA-Europe y otras organizaciones europeas exigieron el fin inmediato de las redadas y la liberación de las personas detenidas, denunciando que las operaciones están dirigidas específicamente contra activistas, defensores de derechos humanos, asociaciones y espacios comunitarios LGBTQ+. Según estas organizaciones, aproximadamente 50-60 defensores y activistas LGBTQ+ se encontraban entre las personas detenidas o sometidas a procedimientos policiales en las primeras fases de la operación.
La Unión Europea también expresó su preocupación. Un portavoz de la Comisión Europea señaló el 14 de septiembre que Bruselas está siguiendo de cerca las detenciones y los procedimientos iniciados contra activistas LGBTQ+, asociaciones de derechos humanos y empresas, e instó a Turquía a respetar los derechos fundamentales.
El hecho de que los objetivos incluyan asociaciones, activistas, espacios comunitarios y plataformas digitales vinculadas específicamente con la población LGBTQ+ ha provocado acusaciones de persecución política y discriminación. ILGA-Europe sostiene que las actuaciones deben analizarse dentro de un contexto más amplio de restricciones a la libertad de asociación y expresión de la comunidad.
La operación se produce, además, después de años de creciente retórica anti-LGBTQ+ por parte del Gobierno de Erdoğan. Las autoridades turcas han presentado a la comunidad LGBTQ+ como una amenaza para la familia y la natalidad, mientras organizaciones de derechos humanos advierten que esta retórica está siendo acompañada por medidas policiales, judiciales y administrativas cada vez más restrictivas. La nueva ofensiva convierte así a Turquía en uno de los casos más preocupantes de retroceso de derechos LGBTQ+ dentro del espacio europeo.
